A partir de la regularización extraordinaria de personas migrantes que está en proceso en nuestro país, nos encontramos frente a una realidad agridulce: miles de nuevos ciudadanos ya tendrán «papeles», pero, si no hay medidas que lo eviten, muchos seguirán sin acceso a condiciones dignas de habitabilidad y atrapados bajo los márgenes de una economía sumergida, para los cuales la situación habrá variado, pero muy poco. Con papeles, sí, y con vía libre para buscar y aprovechar oportunidades, pero sin vivienda y sin trabajo digno, como hasta ahora; es decir, las oportunidades no se presentarán fácilmente.

Yo creo que los siguientes pasos lógicos, valientes y necesarios no son otros que crear de una vez por todas algo así  como un  parque público de vivienda en alquiler asequible de gestión permanente y, en otro sector, algo como un plan global de regularización laboral y fiscal. Evidentemente el problema  de precariedad en vivienda y trabajo lo sufren en España también los autóctonos, por lo que estas medidas necesarias no abarcan solo a los inmigrantes regularizados, sino a toda la ciudadanía y sectores de la economía.

«Es necesario un plan global de regularización laboral y fiscal»

Quiero compartir mis reflexiones sobre el problema de la economía sumergida y su incidencia en el trabajo decente y en el buen vivir presente y futuro. Al hacerla emerger no se trata solo de recaudar más, sino de dignificar el trabajo y fortalecer el contrato social. La economía sumergida erosiona la ética civil. Cuando una parte de la sociedad siente que las reglas son opcionales, el sentido de comunidad se debilita.

La economía clandestina no es un «refugio» eficiente; es una trampa de precariedad. Es un grave problema que está, socialmente, demasiado tolerado. La aceptación más benévola por parte de muchos bienintencionados podía ser que, al menos, daba pan diario a muchos «sinpapeles». Pero creo que hacer salir a flote este capital humano y financiero beneficia a todos los estratos sociales, aunque los de arriba no lo vean bien por intereses espurios.

Beneficios para toda la sociedad

Para el trabajador por cuenta ajena es la diferencia entre la vulnerabilidad y la ciudadanía con derechos y deberes. Significa acceso a prestaciones por desempleo, bajas médicas, cotización para la jubilación y la protección de la ley frente a abusos; y también la contribución al bien común por las aportaciones fiscales por rentas del trabajo.

Para autónomos y PYMES la economía sumergida es competencia desleal, clandestinidad e inseguridad jurídica. Quien no paga impuestos puede ofrecer precios más bajos, pero a costa de no crecer, no poder acceder a crédito bancario ni a licitaciones públicas. Regularizarse permite la profesionalización, la vía a la mejora de la calidad y la escala en la producción y el comercio.

Para el Estado, significaría una mejora global en el control y gestión de la economía y un aumento inmediato de la base imponible que permitiría mejorar los servicios públicos —sanidad, educación, dependencia, etc— o bajar la presión fiscal.

Para que haya buena acogida de esos planes hay que hacer ciudadanía, fortalecer la conciencia cívica y hacer pedagogía. Pero no podemos hacerlo sin reconocer los miedos arraigados. Primero está la pesada carga burocrática que provoca una percepción de que pasar de «B»  a «A» , darse de alta, registrarse o inscribirse, es una gincana de formularios y costes fijos inasumibles. Por otra parte, muchos tienen la convicción, tal vez fundada, de que entrar en el espacio legal impositivo es la ruina. Es el miedo a que, con la regularización, los márgenes de beneficio —ya de por sí estrechos en pequeños negocios— les harán desaparecer por completo. Y, por último, la desconfianza institucional o directamente la conciencia individualista y egoísta, que hace anidar una sensación o una convicción de que los impuestos no retornan en proporción  directa a través de beneficios tangibles o solo pretenden y  consiguen que el estado nos «robe lo nuestro».

«Burocracia, menos beneficio y el egoísmo son los miedo que activa la regularización»

Un plan global no puede ser puramente punitivo; debe ser atractivo. Necesitamos un gran pacto nacional que deje de ver al pequeño defraudador «por necesidad» como un criminal, y empiece a verlo como un activo potencial que necesita un puente —y no un muro— para cruzar hacia la legalidad.

La pedagogía debe ir acompañada de herramientas reales: cuotas progresivas para los autónomos y micro-PYMES que emergen, para lo que se deben establecer periodos de carencia o cuotas reducidas vinculadas a ingresos reales, no a mínimos arbitrarios. Habría que pensar, seguramente, en una amnistía fiscal condicionada, no una amnistía para grandes fortunas, sino para el pequeño comercio y el trabajador informal. Y, cómo no, apostar por una burocracia y digitalización simplificada, difundiendo herramientas de facturación gratuitas proporcionadas por el Estado que simplifiquen el cumplimiento tributario al máximo.

Sobre todo, la pedagogía al respecto debe enfocarse en el orgullo de contribuir. Regularizar el trabajo es un acto de justicia hacia los sectores más humildes. En los ámbitos más locales, el desarrollo comunitario florece cuando el barrio tiene comercios con seguro, trabajadores con derechos y una red de seguridad que no depende de la caridad, sino del derecho adquirido.

«Necesitamos un pacto global, atractivo, no solo punitivo»

En conclusión, si la regularización de personas está siendo un buen paso hacia la integración humana, la facilitación del acceso a la vivienda es un salto a la integración en la vida comunitaria y la regularización laboral es el paso hacia la integración económica.

Es hora de encender la luz en los sótanos de nuestras relaciones sociales para que todos, por fin, podamos trabajar y crecer en la superficie y a plena luz vivificante. Claro está que a los que tú y yo sabemos no les gusta ni apoyan estas tres amplias medidas, pero, siendo de sentido común y para un indiscutible bien general, podremos tener esperanza en que juntos y comprometidos, lo haremos.