¿En qué conciencia caben los sufrimientos de las personas sin techo?¿Qué conciencia puede asumir y co-sufrir los miedos de los desahuciados o de quienes sienten dicha amenaza porque no pueden pagar el alquiler o la hipoteca ya que sus ingresos no les alcanzan? ¿Qué conciencia entenderá las indignaciones de los jóvenes y recién incorporados a nuestras sociedades que no pueden acceder ni a comprar ni a alquilar una vivienda por ser precios inasequibles? ¿Qué conciencia hará compatible su propia tranquilidad con los agravios recibidos por quienes no tienen más remedio que aceptar abusos en precios y en condiciones o cláusulas muchas veces no escritas? ¿No provocará malas conciencias el bochorno permanente de quienes se tienen que conformar con vivir en una habitación o compartiendo hacinamiento? ¿En qué conciencia de ciudadano caben esas dramáticas situaciones y no provocan un natural y humano dolor solidario? ¿En qué conciencia de político caben y no provocan un compromiso sincero y no un postureo hipócrita?

Confieso que mi conciencia queda desbordada casi a diario por ser inundada y golpeada por las flagrantes realidades de personas que no tienen, o muy pronto no van a tener, dónde vivir dignamente.

Este es un momento crítico y quizás no nos estemos enterando. La clase política, indolente con lo que no les resta votos, no parece tomar conciencia, le sigue cabiendo en ella esa incómoda realidad, porque no resulta lo suficientemente fastidiosa como para motivarle a buscar soluciones reales. La vivienda en España parece que ya no es un derecho y se ha convertido en una forzada transferencia de rentas que asfixia a la clase trabajadora, impide a los jóvenes iniciar o desarrollar sus proyectos de vida y condena a la exclusión a los más vulnerables. Sería necesario indignarse y, a la vez, recoger esa irritación para transformarla en una hoja de ruta política y social que resuelva este terrible problema. No es solo el problema estadístico de la vivienda, que se puede acometer a largo plazo, sino una emergencia social cronificada que exige medidas inmediatas.

Lo que debería ser el pilar de seguridad de cualquier ciudadano y familia —un techo bajo el que vivir— se ha transformado, por una parte, en el principal mecanismo de trasvase de riqueza desde los bolsillos de quienes menos tienen hacia las cuentas de grandes tenedores, de fondos buitre y de la clase rentista que domina el mercado inmobiliario sin contrapesos; y, por otra parte, en el muro más claro que marca la línea divisoria de la exclusión económica y social.

Mientras el precio de la vivienda en propiedad y de los alquileres se incrementa en porcentajes de dos dígitos cada año, la respuesta política oscila entre la inacción cobarde y la demagogia propagandística y electoralista. Se anuncian leyes que, en la práctica, no resuelven casi nada, se prometen parques públicos de vivienda que nunca se materializan y se lanzan bonos al alquiler que realmente acaban siendo subvenciones indirectas al permitir que los propietarios sigan inflando los precios y el inquilino pague lo mismo, o más aún.

La realidad es que para una familia trabajadora, para un joven con salario propio de comienzos de actividad o de carrera laboral y para quienes viven en los aledaños de la precariedad, el mercado no es que sea imperfecto, es que es demoledor. Se pide a los gobernantes que actúen, pero el neoliberalismo se sirve del tabú de la intervención en el dios mercado: dicen «no al intervencionismo socialcomunista» y muchos trabajadores incluso se lo creen. El sistema actual protege con celo casi religioso los beneficios del inversor y del gran propietario frente a la supervivencia del propietario-usuario y del inquilino. Se habla de «seguridad jurídica» para los fondos de inversión, pero ¿dónde está la seguridad jurídica de quien tiene que dedicar más del 60% de su sueldo a un techo y vive bajo la amenaza constante de una subida inasumible o un desahucio?

La paz social en España estará herida de gravedad si no se soluciona de una vez el asunto crítico de la vivienda. La política no puede seguir mirando hacia otro lado mientras a la gente le cuesta la misma vida pagar su casa y salir adelante. Las bondades macroeconómicas se pierden por culpa de la carestía de la vivienda, no se perciben en absoluto en la familia de clase media para abajo.

Quien no sepa o no quiera solucionar esto, simplemente no sirve para lo público. ¡Que se vaya y deje paso a otro que lo haga! ¡Ya está bien de la salida descarada de echarle las culpas a las administraciones de otros ámbitos! Se trata de un desastre provocado conjuntamente y nadie asume la responsabilidad. Y, peor aún, nadie acomete soluciones serias y eficaces.

No bastan los parches. Necesitaríamos una cirugía de urgencia que toque el nervio del mercado y priorice la justicia social. No se puede permitir que el mercado se regule solo: no lo hace.

Por enunciar algunas propuestas concretas que se hacen desde la política y que me parecerían buenas si se hicieran sin demora: En el nivel local los ayuntamientos deberían penalizar de forma contundente a los grandes tenedores que mantienen pisos cerrados y especulan con la escasez, fijando tasas a la vivienda vacía y, por otra parte, una limitación radical de pisos turísticos. En el nivel autonómico, construcción masiva y rehabilitación de vivienda pública para venta a precio tasado o alquiler, que no se pueda vender nunca a fondos privados, así como la aplicación inmediata de topes a los precios del alquiler. En el nivel estatal, eliminar los privilegios fiscales de las SOCIMI y otros métodos de inversión que tratan la vivienda como una mercancía bursátil, por los que la rentabilidad del negocio prevalece sobre el derecho fundamental. También, prohibición de los desahucios si no hay alternativa habitacional, porque ningún Estado que se llame a sí mismo moderno puede permitir que la gente duerma en la calle mientras los bancos acumulan activos… Y otras.

En definitiva, me temo que la política solo reaccionará cuando el miedo al descontento supere a la presión de los lobbies inmobiliarios. La indignación debe dejar de ser un ruido de fondo para convertirse en una exigencia electoral innegociable. En las próximas citas electorales, la pregunta debe ser: ¿Qué van a hacer ustedes en conciencia, si gobiernan, para que el alquiler o el acceso en propiedad a una vivienda mínimamente digna no sea una sentencia de pobreza?… Y votemos en conciencia, que también la nuestra cuenta.

Ojalá sepamos no dar cabida en las instituciones de gobierno a quienes prefieran la inacción o el silencio cómplice, ya que el de la vivienda es un debate necesario sobre la dignidad humana y un compromiso con la justicia social que empieza por el derecho a un hogar. Si no cabe en su conciencia, son ellos los que no caben donde se debe priorizar la vivienda digna sobre la especulación. No estamos dentro de la conciencia de nadie, pero por sus obras ya los conocemos.