Regularizar migrantes es importar pobreza masiva: ese es el mensaje lanzado días antes de la llegada a España del Papa León XIV por la muy católica —según proclama ella misma— Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. No sé  si después de la visita del Pontífice dirá lo mismo. Apostaría a que sí, que dirá lo mismo. O peor, como ha hecho Abascal, creo que dirá que el Papa les ha dado la razón. Es indignante…, digo el mensaje. Pero aún lo es más que sea aceptado por su partido —que no la desmiente ni matiza—, por sus votantes y por muchos ciudadanos, entre los cuales también hay católicos, muy católicos, de toda la vida, de los que han llorado al ver y oír a León XIV.

Es xenofobia combinada con aporofobia, aversión al extranjero pobre. El mensaje se concreta en que los pobres son malos para nuestra sociedad, nos perjudican, nos ponen en riesgo, nos estorban; y, si son extranjeros, mucho peor. Esa es la advertencia demagógica ante la regularización de inmigrantes pobres, que descalifica de una forma inhumana también a los pobres en general. Los pobres deben avergonzarse de su pobreza, porque nos perjudica a los menos pobres y a los ricos.

Podríamos asumir el reto de ayudarles a salir de la pobreza, el compromiso de combatir este problema, que no es individual sino comunitario, pero eso distraería nuestro empeño por tener una vida placentera como «neoburgueses» o nuestra ambición  legítima de llegar a ser más ricos; y, seguramente, nos forzaría a hacer ciertas renuncias. Así que mejor dejarles a su suerte no afectándonos su descarte, o no dejarles entrar, o expulsarlos, o —mejor aún— no regularizarlos porque «en B»  nos pueden valer para cultivar nuestros campos, cuidar a nuestros ancianos, limpiar nuestras casas o deslomarse en nuestras obras, todo al mínimo coste; y, si la prioridad son los españoles, especialmente los que «soportan» más impuestos, sería un gasto social que podríamos y deberíamos ahorrarnos.

A la vez, convencer a los españoles pobres de que los extranjeros muy pobres vienen a competir contra ello, y por tal razón no pueden recibir las ayudas que les corresponden y esperan, es solo buena gestión de la desinformación.

Estoy seguro de que el rechazo al gasto social y a las políticas igualitarias e inclusivas por parte de las élites económicas y de las clases medias acomodadas suele nacer de errores de cálculo que provienen de una innegable tendencia a la codicia y a la avaricia: creer que la justicia social da siempre un balance de equilibrio o de «suma cero»,  donde la riqueza y el crecimiento de los que acumulan méritos propios o heredados se sostendría solo si no se hiciesen concesiones sociales a quienes no las merecen; o, dicho de otro modo, donde el bienestar de los pobres se financia, gratuitamente para ellos, con el sacrificio del estatus confortable de las clases medias o con la renuncia a «legítimos» lujos de los ricos. Pero, aparte de la injusticia y la inhumanidad que tiene esta confrontación de necesidades —para que lo uno sea más, lo otro tiene que ser menos—, repito: es un cálculo incorrecto y siempre la balanza cae hacia el mismo lado porque no se valoran los enormes beneficios del bienestar general o común.

Existe una narrativa mentirosa —y esperemos que sea caduca— que insiste en ver el gasto en servicios públicos, igualdad e inclusión como un pozo sin fondo, un mero costo asistencial que detrae recursos de lo «verdaderamente productivo». Y lo cierto es que no habría nada que temer y sí, en cambio, mucho que afrontar como reto y oportunidad de avanzar hacia el bien común, que es bienestar para todos.

Contrariamente a lo que dicen postulados egoístas, la inclusión es la mejor póliza de seguro colectivo. Una sociedad con redes de seguridad sólidas reduce la delincuencia, dinamiza el consumo local, estabiliza la economía frente a crisis globales y genera espacios de gratificante convivencia y verdadera calidad de vida. Cuando una persona inmigrante adquiere derechos por residencia legal, puede acceder al mercado laboral normalizado y participa en las actividades limpias y transparentes que pagan impuestos y generan riqueza y bienestar. Lo mismo, cuando un joven desfavorecido accede a educación y empleo, deja de ser un coste pasivo para convertirse en un motor activo que sostiene el sistema del que todos nos beneficiamos.

Apoyar la cohesión social no nos empobrece. Al contrario, blinda la paz social y la prosperidad de quienes ya tienen sus necesidades cubiertas. Nadie pierde; todos ganamos en estabilidad y en buena convivencia. Cuando la calidad de vida general mejora, se dinamiza la economía interna y se genera un clima de confianza que impulsa el talento de manera colectiva.

Por eso, el gasto social no es ni mucho menos tirar dinero, es la inversión más barata y rentable que una sociedad puede realizar, cuyos «dividendos» a medio y largo plazo benefician a absolutamente todos. Al garantizar una sanidad robusta, una educación de calidad y redes de seguridad para los más vulnerables, no se perjudica a nadie, ni siquiera a quienes, por su posición de privilegio, deben renunciar a ciertos beneficios desorbitados o a cuotas de poder desmedidas. Al contrario, lo que reciben a cambio es incalculable: estabilidad, bienestar general, convivencia de calidad y estímulos generales para seguir vías de desarrollo sostenible. Pero la codicia y la avaricia nublan el sentido común.

La verdadera integración de los colectivos más desfavorecidos, como lo son las personas pobres inmigrantes, es un imperativo moral, pero además resultan ser una garantía de prosperidad. Una sociedad fracturada, donde la opulencia convive con la marginalidad, es intrínsecamente inestable, costosa de mantener y propensa al conflicto. Reducir la desigualdad es, en última instancia, blindar nuestra paz social.

Para lograrlo, es urgente abandonar el viejo paradigma político que busca gobernar enfrentando a «los de arriba contra los de abajo» y viceversa. La lucha de clases podía ser comprensible desde estrategias defensivas y reivindicativas. Pero un enfoque de trinchera solo perpetúa el bloqueo. El camino hacia el progreso sostenible pasa por la cooperación y la colaboración de clases y la aminoración progresiva de las distancias.

Existe, por supuesto, un rédito político razonable en estas medidas sociales. Los gobernantes que apuestan por fortalecer lo público no solo aseguran el bienestar de sus ciudadanos, sino que construyen legitimidad democrática. Desde luego, este rédito no debe ser el fin, sino la consecuencia natural de entender la política como un ejercicio de servicio a la comunidad para el bien general.

Apostar por los servicios públicos necesarios y suficientes para todos es entender que la riqueza de un país se mide por el nivel de dignidad de su ciudadano más vulnerable. Invertir en igualdad es, en esencia, asegurar el futuro de todos. Regularizar a los inmigrantes que ya están con nosotros es exportar humanismo para el desarrollo y el bien común.